La decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) provocó un fuerte golpe en los barrios vulnerables de Jujuy y todo el país. Leonel Liborio y Marcelo Cavero, representantes de la Mesa Nacional de Barrios Populares en la provincia, explicaron a Somos Jujuy cómo esta medida perjudica a trabajadores y vecinos, alertando sobre el peligro de frenar políticas públicas que mejoraban la calidad de vida de miles de personas.
“La situación en los barrios es extremadamente grave“, afirmó Liborio, exintegrante de una cooperativa financiada por el FISU. “Dábamos empleo a 95 personas, hoy sin ingresos. En el barrio Belgrano, construimos 2.600 metros de veredas, instalaciones eléctricas seguras y alumbrado público. Obras que transformaron vidas“, destacó.
El fin de este fondo, que hasta diciembre de 2023 financiaba 1.300 proyectos en Argentina —31 en Jujuy—, detuvo por completo las iniciativas de urbanización. “La gente nos pregunta cuándo retomaremos los trabajos, pero no tenemos respuestas. La pobreza aumenta, crece el consumo de drogas, hay más personas en situación de calle. Los vecinos sienten el abandono“, expresó con preocupación Liborio.
Crisis en barrios populares: obras paralizadas y reclamos urgentes
Marcelo Cavero, miembro de la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunció que el FISU fue cancelado por decreto pese a ser un programa establecido por ley. “Tras el cierre ordenado por Milei, ganamos un recurso judicial que obligaba a reestablecer los fondos, pero el Gobierno apeló y las obras siguen detenidas”, explicó.
El daño afecta a dos grupos principales: los trabajadores cooperativistas y los vecinos que esperaban obras clave como instalaciones eléctricas seguras, redes de agua, cloacas y espacios comunitarios. “Este programa evitaba tragedias como electrocuciones o incendios por conexiones precarias. Era una solución real y efectiva“, enfatizó Cavero.
A nivel nacional, más de 25.000 trabajadores quedaron sin sustento. En Jujuy, donde hay 159 barrios populares, la medida impacta en 100.000 personas. Cavero detalló que las obras paralizadas representan $8.300 millones que no ingresan a la provincia, sumado a $1.800 millones del programa Mi Pieza, que dejó sin pago a 3.600 mujeres beneficiarias.
Auditorías positivas y reclamo por transparencia
Ambos referentes destacaron que auditorías oficiales al FISU avalaron su gestión: “Superamos las metas, con 35% de avance frente al 30% exigido. No hubo desvíos de fondos“, afirmó Liborio. Cavero agregó: “Era el área más eficiente del gobierno anterior. Su eliminación no es ajuste, es un ataque político a los más vulnerables”.
La Mesa Nacional exige la reactivación inmediata de los fondos: “Queremos trabajar dignamente, mejorar nuestros barrios y reactivar la economía local. Hoy, todo eso está paralizado“, concluyeron.
