A partir del año 2026, cada provincia se encargará de organizar los exámenes de ingreso a las residencias médicas, un cambio importante en el sistema de formación profesional en Argentina. Esta decisión fue tomada durante la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), luego de detectarse irregularidades en el examen nacional.
Según lo comunicado por el Ministerio de Salud, esta medida busca adaptar la formación médica a las necesidades específicas de cada provincia, además de reforzar la autonomía de las jurisdicciones. También se pondrá fin a la financiación nacional de las becas de residencia.
Durante el encuentro, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, explicó que la organización del sistema de salud y la formación médica debe responder a la realidad local. Afirmó: “La salud es responsabilidad de cada provincia, y lo mismo debe ocurrir con los exámenes. Solo cada jurisdicción conoce qué tipo de profesionales necesita. Esta fue la última promoción financiada por Nación. Desde ahora, las provincias se harán cargo del financiamiento y la evaluación”.
Los ministros de Salud provinciales respaldaron esta postura y coincidieron en que la formación debe ajustarse a las particularidades sanitarias, geográficas y epidemiológicas de cada región, para que los médicos puedan especializarse según la demanda de su comunidad.
Este nuevo esquema surge luego del caso de fraude en el Examen Único de Residencias 2025. El Gobierno nacional informó que ninguno de los 117 aspirantes que rindieron nuevamente logró revalidar su nota, y que 109 de ellos eran extranjeros.
En este marco, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, dispuso que los egresados de universidades no registradas en la Federación Mundial de Educación Médica no podrán postularse en Argentina para continuar con su formación en hospitales públicos.
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Por otro lado, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, informó sobre los avances en la compra de medicamentos de alto costo y drogas especiales, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Gracias a nuevos procedimientos y reglamentos, se logró una reducción del gasto de 40 millones de dólares.
Loccisano explicó que se creó un nuevo reglamento que ordenó el funcionamiento del sistema de compras, y que los pacientes que llegan a DINADIC lo hacen en situaciones extremas, sin cobertura ni apoyo provincial.
También destacó una mejora en los tiempos de respuesta: ahora los trámites pueden iniciarse en línea y el proceso de compra es un 50% más rápido, pasando de seis meses a 35 días promedio. En casos urgentes, la provisión se completa en unos 10 días.
Otro eje central fue la actualización de las normas alimentarias. El subsecretario de Planificación, Saúl Flores, y la directora de Enfermedades No Transmisibles, Manuela Bullo, presentaron avances en la Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA), que servirá como modelo para las guías provinciales, adaptadas a las características locales.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Mónica López, informó que el Decreto 538/2025 ordenó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Desde ahora, la ANMAT y el SENASA tendrán a su cargo la actualización del Código Alimentario Argentino. López aseguró que este cambio reducirá la burocracia y permitirá tomar decisiones basadas en evidencia científica.
En cuanto a la seguridad alimentaria, López compartió los resultados de un estudio sobre colorantes artificiales en alimentos procesados. El relevamiento detectó más de 5.000 productos con aditivos, y en el 40% se encontraron colorantes como Sunset Yellow y Tartrazina, vinculados a alergias y sensibilidades alimentarias según estudios internacionales.
También se analizó la situación epidemiológica del país, incluyendo el brote de sarampión. Se remarcó la importancia de reforzar la vacunación y de trabajar con las escuelas para identificar a los niños sin esquema completo de inmunización.
Por último, Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, presentó datos sobre la vigilancia del suicidio y los intentos de suicidio, y resaltó la necesidad de este tipo de monitoreo para proteger la salud pública.
