La continuidad de Volver al Trabajo, que se abonaba mediante ANSES, continúa en disputa en los tribunales. Luego de que se suspendiera el pago de $78.000 mensuales, beneficiarios del extinto Potenciar Trabajo presentaron un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema analice el fallo que habilitó al Gobierno a avanzar con la eliminación de esta asistencia.
El planteo judicial fue presentado después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que impedía eliminar Volver al Trabajo. A partir de esa resolución, el Ministerio de Capital Humano quedó facultado para detener las transferencias destinadas a los beneficiarios del programa.
Volver al Trabajo: qué ocurrió con el pago de $78.000
El programa Volver al Trabajo nació tras la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo y llegó a reunir a más de 900.000 titulares. La ayuda económica asociada al plan permaneció sin modificaciones y se ubicó en $78.000 por mes.
La administración nacional había decidido avanzar con el cierre del programa para reemplazarlo por un sistema enfocado principalmente en capacitación laboral e inserción en el mercado de trabajo. No obstante, el juez federal de Campana Adrián González Charvay había dictado una medida cautelar que, en una primera instancia, suspendió la eliminación de la asistencia.
Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó aquella medida. Como consecuencia, quedó sin efecto la disposición judicial que exigía conservar el beneficio económico mientras seguía abierto el proceso judicial.
Volver al Trabajo llegó a la Corte: qué puede suceder
Cinco personas beneficiarias del programa interpusieron un recurso extraordinario federal con la intención de que la Corte Suprema tome intervención en la causa. Sin embargo, esta presentación no implica que el máximo tribunal haya dispuesto recuperar el programa ni que se haya ordenado nuevamente el pago de los $78.000.
Ahora, la Cámara Federal deberá determinar si concede el recurso extraordinario. En caso de rechazarlo, los demandantes podrían acudir ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja para intentar que el máximo tribunal revise la situación.
Entre los argumentos planteados, los beneficiarios sostienen que la interrupción de la transferencia afecta una prestación de carácter alimentario. Además, cuestionan que el beneficio haya sido eliminado sin que, de acuerdo con su postura, exista una alternativa que resulte realmente efectiva y equivalente a la asistencia económica que percibían.
¿Volverán a depositar los $78.000?
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que haya ordenado restablecer los pagos. Durante agosto, los titulares de Volver al Trabajo no perciben la transferencia mensual debido a que quedó sin vigencia la medida cautelar que sostenía los desembolsos.
La nueva presentación judicial genera otra instancia dentro del conflicto, aunque una eventual recuperación del pago de $78.000 dependerá de la evolución del expediente. Para modificar el escenario vigente sería necesario que una nueva resolución judicial altere los efectos del fallo de la Cámara o que el Gobierno disponga nuevamente la transferencia o implemente una prestación que la sustituya.
