El Gobierno nacional iniciará en mayo la aplicación de un nuevo sistema tarifario para los servicios de electricidad y gas, tras un período de ajustes transitorios y la reciente concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este modelo, que se extenderá hasta 2030, busca reorganizar la estructura de precios y garantizar inversiones en el sector energético, incorporando revisiones periódicas vinculadas a indicadores inflacionarios y la evolución de los salarios.
El proceso regulatorio se encuentra en su fase definitiva. Para el servicio eléctrico, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad completó los últimos requisitos técnicos que permitirán implementar el nuevo esquema, el cual establece obligaciones de inversión y mecanismos de penalización para las empresas distribuidoras del área metropolitana. En el caso del gas natural, si bien el Ente Nacional Regulador del Gas postergó algunos aspectos formales, se anticipa la publicación oficial de las nuevas tarifas durante los primeros días del próximo mes.
Las tarifas incorporarán una estructura segmentada que diferenciará los componentes de generación, transporte y distribución. Mientras el costo mayorista mantendrá su dinámica de actualización regular, los otros dos rubros experimentarán modificaciones sustanciales como parte de este proceso de revisión. Las autoridades proyectan que el impacto combinado superará los índices inflacionarios previstos para el año, aunque se aplicará de manera progresiva a través de dos o tres etapas, con mecanismos de actualización automática mensual.
Como condición del acuerdo con el organismo crediticio internacional, el gobierno se comprometió a regularizar el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista antes de finalizar el año y a reestructurar el sistema de subsidios, focalizando los beneficios exclusivamente en los usuarios de menores recursos. Esta transformación busca equilibrar las cuentas del sector energético mientras protege a los sectores sociales más vulnerables.
