En medio del debate que lleva adelante el Senado de la Nación sobre una posible modificación de la Ley de Tierras, volvió a instalarse un caso que marcó un precedente en Argentina: el de Valle Hermoso, un pequeño pueblo de La Rioja que en 2008 fue vendido junto con sus viviendas, la escuela, la capilla, el puesto sanitario y hasta las fuentes de agua. Aquel episodio fue uno de los antecedentes que impulsó la legislación actualmente vigente.
Todo ocurrió cuando un empresario estadounidense adquirió cerca de 200.000 hectáreas en territorio riojano. Dentro de esa operación quedó comprendido Valle Hermoso, donde varias familias residían desde hacía décadas.
En ese momento no existían normas que limitaran la compra de grandes extensiones de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros ni mecanismos específicos para resguardar a las comunidades asentadas en esos territorios.
El caso que impulsó la Ley de Tierras
La fuerte repercusión pública del episodio dejó al descubierto un vacío legal y terminó convirtiéndose en uno de los principales argumentos para la aprobación de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
Esa norma fijó un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales, estableció límites por titular y restringió la adquisición de terrenos que incluyen cuerpos de agua permanentes.
La comunidad logró recuperar sus derechos
Luego de conocerse la venta, los vecinos iniciaron un prolongado proceso judicial para defender su permanencia en el lugar. Finalmente, la Justicia reconoció la posesión efectiva de las familias que habitaban Valle Hermoso.
Aunque la compraventa había sido inscripta legalmente, el comprador nunca llegó a tomar posesión efectiva del pueblo y la comunidad permaneció en el territorio.
Un antecedente que vuelve al centro del debate
Con la discusión sobre una eventual reforma de la Ley de Tierras, el caso de Valle Hermoso volvió a ser mencionado como uno de los antecedentes más relevantes vinculados a la extranjerización de tierras en Argentina.
Su historia continúa siendo utilizada como ejemplo para debatir el equilibrio entre la inversión privada, la soberanía territorial y la protección de las comunidades rurales.
