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La súper trepa por encima de $1.700 en varias estaciones de San Salvador de Jujuy

Además, el valor de la Infinia ya excede los $1.900 en distintos puntos de la capital jujeña, marcando otra suba en los combustibles premium.

Tras la liberación y actualización diaria de los precios de los combustibles, en algunas estaciones de servicio de la capital jujeña el valor de la nafta súper superó la barrera de los $1.700 este miércoles 26 de noviembre.

Así lo informó un móvil de Canal 7 de Jujuy que se acercó en la mañana a una estación de YPF, localizada en el acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En ese lugar, como en la mayoría de los surtidores de la petrolera estatal, los precios son los que se detallan a continuación:

  • Nafta Súper: $1.710
  • Infinia: $1.920
  • Infinia Diesel: $1.959
  • Diesel 500: $1.781
  • GNC: $844

De acuerdo con la investigación de Canal 7 de Jujuy, se anticipa que antes de fin de año la nafta súper alcance los $1.800 y la Infinia sobrepase los $2.000.

El Gobierno proyecta un aumento fuerte de un impuesto clave para el precio de la nafta

La mayor presión tributaria que se planea en el proyecto de presupuesto 2026 se debe principalmente a tres impuestos. La variación más grande corresponderá al impuesto sobre la venta de combustibles, que el Gobierno decidió aumentar de forma discrecional para que se mantuviera por debajo de la inflación durante el año electoral. La actualización en el próximo año podría afectar el precio de la nafta, aunque también dependerá de la evolución del precio internacional del petróleo.

Según la consultora Economía y Energía, en 2026 los recursos totales crecerían un 20,8 % en términos nominales respecto de 2025. Sobre estos ingresos, se prevé un crecimiento nominal del 72 % en la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono con relación a 2025. Por lo tanto, el proyecto de presupuesto contempla un “incremento significativo” en las alícuotas de este impuesto, las cuales en la actualidad presentan un retraso respecto de lo establecido por el Decreto N° 501/2018.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que el aumento en la recaudación de Ganancias, Combustibles y Comercio Exterior sería el principal motivo de la mayor presión tributaria proyectada para 2026. El incremento para el Impuesto sobre los Combustibles se deberá a la actualización gradual de las sumas fijas que lo componen, agregaron en su último análisis del proyecto de presupuesto 2026.

Mientras que este año el impuesto a los combustibles podría recaudar $4,4 billones (0,51 % del PBI), en 2026 la recaudación podría llegar a $7,6 billones (0,74 % del PBI), lo que implica un aumento de 0,23 puntos porcentuales. De todos los impuestos, este es el que muestra la mayor variación.

Oficialmente, según el decreto 501 del año 2018, el impuesto a los combustibles debe actualizarse cada tres meses por inflación. Sin embargo, desde el primer año del gobierno de Javier Milei se comenzó a actualizar de forma discrecional, muy por debajo de la inflación, con el objetivo de que el precio de la nafta no subiera tanto. Esto consideró que se había actualizado el precio en surtidor tras el congelamiento del gobierno anterior en 2023, que incluso generó desabastecimiento.

No aplicar el impuesto en su totalidad genera una pérdida de recaudación para el Estado, pero frena los incrementos en las naftas, lo que impacta en el bolsillo de las familias y ayuda a desacelerar la inflación. En 2025 el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, mantuvo la política de aumento discrecional del impuesto, también por debajo de la inflación, en línea con lo realizado con las tarifas de gas y electricidad.

No obstante, tras las elecciones, se esperaban cambios. En el caso de las tarifas, el primer incremento oficial comunicado por la Secretaría de Energía es del 3,8 %, casi el doble de las previsiones de inflación, que rondan el 2 %. “Todos esperaban que después de las elecciones se empezara a actualizar más el tributo, pero no sucedió”, explicaron fuentes del sector de las estaciones de servicio.

De hecho, este viernes se publicó en el Boletín Oficial un incremento de solo el 1 % en este impuesto. El decreto argumenta que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

La incógnita del sector es a partir de cuándo comenzará a actualizarse este retraso. Una suposición es que podría ocurrir en 2026, cuando disminuya el precio internacional del crudo. La mayoría de las previsiones indican un barril por debajo de USD 60 para 2025. Hoy cotiza cerca de USD 65. Esto se anticipa especialmente porque el año próximo hay elecciones en Estados Unidos: el presidente estadounidense, Donald Trump, volvería con su política de “drill baby drill” para ampliar la producción, reducir el precio del barril y, con ello, el precio de la nafta, que tiene una gran influencia en el electorado.

En ese escenario, si el precio del petróleo bajara, también debería hacerlo la nafta en el surtidor, por ser su principal costo. En ese momento el Gobierno podría actualizar el tributo, sobre todo si la inflación continúa en descenso. Según Economía y Energía, se pierden casi u$s 200 millones por mes por no actualizar el tributo, acumulando u$s 1786 millones en el año. Si Caputo logra reducir la inflación, verá con muy buenos ojos esta nueva fuente de recaudación para sostener el superávit fiscal.

En octubre, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en $1391, según el portal Surtidores. En enero estaba en $1128, lo que implica una suba del 23 %, en línea con la inflación acumulada del 22 % entre enero y septiembre, según el Indec. Con estos aumentos, la venta de combustible creció con respecto a 2024: un 0,4 % para la nafta 2 y un 16 % para la nafta 3, según Economía y Energía.

El impuesto a los combustibles y su recaudación también es una demanda de las provincias. En la actualidad no es coparticipable, sino que tiene asignaciones específicas que no se cumplían. El Congreso intentó que fuera directamente coparticipable a las provincias, sin éxito durante las sesiones previas a las elecciones.

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