Durante este jueves se registraron mensajes intimidantes en la Escuela Normal de Tilcara, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la rápida intervención de autoridades escolares junto a las fuerzas de seguridad en Jujuy. El hecho activó los protocolos de prevención establecidos para este tipo de situaciones, en un contexto donde crece la atención sobre la seguridad en escuelas.
Desde la institución confirmaron que se realizaron las actuaciones correspondientes ante organismos oficiales, incluyendo áreas ministeriales y policiales. Además, remarcaron que el caso ya se encuentra bajo seguimiento para garantizar la tranquilidad de alumnos, docentes y familias, reforzando las medidas vinculadas a la prevención de amenazas en establecimientos educativos.
Como medida preventiva, se dispuso que este viernes haya presencia policial en la Escuela Normal de Tilcara, especialmente en el ingreso al establecimiento. A pesar del episodio, se informó que las clases continuarán con normalidad, mientras se mantiene el monitoreo de la situación para resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa.
En este contexto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que los hechos forman parte de un conjunto de investigaciones por amenazas en escuelas de Jujuy, que también alcanzan a localidades como Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro y San Salvador. Según se informó, en varios establecimientos se detectaron mensajes con contenido intimidante que hacían referencia a posibles episodios de violencia en fechas determinadas, algunos de ellos vinculados a publicaciones en redes sociales.
Ante esta situación, se dispuso reforzar la seguridad en establecimientos educativos con presencia policial y el acompañamiento de equipos de los ministerios de Seguridad y Educación. Al mismo tiempo, avanzan tareas investigativas que incluyen análisis de registros, relevamientos en las instituciones y entrevistas, con el objetivo de identificar a los responsables y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.
Desde el organismo judicial remarcaron que este tipo de hechos no son considerados menores, sino que se encuadran como delitos de intimidación pública, contemplados en el Código Penal con penas que pueden ir de 2 a 6 años de prisión. En ese marco, aseguraron que las investigaciones continúan en pleno desarrollo, con un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado para esclarecer lo ocurrido.
