La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, en representación del Gobierno Nacional, inició acciones contra 95 empresas por cobrar tasas irregulares en sus facturas. Esta medida afecta a diversas provincias, incluyendo Jujuy, donde EJESA y Agua Potable de Jujuy figuran entre las compañías señaladas, generando inquietud en los usuarios.
La acción legal se fundamenta en el incumplimiento de la resolución 267/2024, vigente desde el 11 de octubre, que prohíbe incluir cobros como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de servicios básicos. El objetivo es asegurar que los usuarios solo paguen por los servicios efectivamente contratados.
Las empresas que infrinjan esta normativa podrían recibir multas superiores a 2.000 millones de pesos, según establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Las organizaciones imputadas disponen de cinco días hábiles para defenderse, y quienes no se ajusten a la ley enfrentarán importantes penalizaciones económicas.
Esta medida surge como respuesta al aumento de cobros no autorizados, considerados una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional. La Secretaría de Comercio estableció un sistema para recibir denuncias, acumulando ya más de 2.700 reclamos.
El gobierno nacional solicitó a los intendentes desarrollar métodos alternativos para recaudar estas tasas directamente de los ciudadanos, evitando su inclusión en facturas de servicios. No obstante, varios municipios, especialmente en el Conurbano bonaerense, lograron protección judicial para continuar con este sistema, argumentando necesidades de financiamiento para servicios esenciales.
Las empresas jujeñas EJESA y Agua Potable deberán afrontar este procedimiento legal y posiblemente reintegrar los montos cobrados indebidamente, mientras el gobierno continúa implementando las nuevas regulaciones.
