Después de varias semanas de incertidumbre, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado oficial para fijar la posición del Gobierno sobre Volver al Trabajo. Mientras tanto, continúa la disputa judicial por el programa y, a horas de una nueva movilización de organizaciones sociales, se mantienen abiertas las diferencias entre el Ejecutivo y los sectores que reclaman la continuidad del beneficio.
Estos son los principales puntos que confirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello.
El Gobierno da por terminado Volver al Trabajo
Capital Humano informó que el programa finalizó el 9 de abril de 2026 y sostuvo que no continuará con nuevas liquidaciones.
Según el comunicado, el último pago correspondió a la asignación mensual de abril.
Los beneficiarios ya fueron notificados
El Ministerio aseguró que la decisión fue comunicada a todos los titulares.
Las notificaciones fueron enviadas por correo electrónico y también quedaron disponibles en la aplicación Mi Argentina.
La propuesta es reemplazar el plan por capacitaciones
Como alternativa, el Gobierno informó que los ex beneficiarios podrán acceder a vouchers para cursos de formación profesional.
El objetivo, según explicó Capital Humano, es fortalecer la capacitación y facilitar la inserción laboral.
La causa sigue abierta en la Corte Suprema
Aunque el Gobierno considera finalizado el programa, el expediente judicial todavía no terminó.
La UTEP presentó un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la cautelar que había ordenado mantener los pagos.
Acompañamiento Social sigue vigente
A diferencia de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social continuará pagando la prestación.
El programa fue prorrogado hasta abril de 2028 mediante la Resolución 90/2026 y seguirá destinado a los titulares que ya formaban parte de esa política, sin nuevas incorporaciones ni traspasos desde Volver al Trabajo.
Mientras tanto, organizaciones sociales convocaron a una marcha para reclamar la continuidad del programa y exigir que el Gobierno revierta la decisión de darlo de baja.
