El Ministerio de Economía puso en marcha hoy el proceso de disolución definitiva del programa Pro.Cre.Ar a través de la Resolución 764/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida ejecuta lo establecido en el Decreto 1018/2024 del pasado noviembre, que determinó el cierre del controvertido fondo de viviendas.
La decisión se basó en tres consideraciones clave. En primer lugar, el programa se había convertido en una carga insostenible para las finanzas públicas, con costos que superaban ampliamente sus beneficios. Además, las autoridades detectaron graves falencias en los mecanismos de control, lo que impedía una fiscalización efectiva de los recursos. Por último, se consideró que el financiamiento de viviendas corresponde naturalmente al sistema bancario, tanto público como privado, sin justificación para la intervención estatal directa en esta área.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expuso múltiples problemas en la gestión del programa. Entre los más graves destacan los atrasos crónicos en la entrega de viviendas, que generaban costos adicionales en mantenimiento y seguridad. También se verificó el incumplimiento sistemático de convenios, como el celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional, y numerosos reclamos por viviendas entregadas en condiciones inhabitables. La auditoría concluyó que la administración del programa fue poco transparente, lenta y notablemente ineficiente.
El cierre se enmarca en la Ley 27.742 de emergencia pública, que faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar fondos fiduciarios para optimizar el Estado. El Banco Hipotecario asumirá la gestión de los créditos vigentes bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original de 2012. Los fondos recaudados se depositarán en una cuenta específica del Tesoro, previo descuento de las comisiones bancarias correspondientes.
Las propiedades inconclusas podrán transferirse a provincias, municipios o a la Ciudad de Buenos Aires, especialmente cuando hayan sido aportadas originalmente por esas jurisdicciones. Por otro lado, los inmuebles que pertenecían al Banco Hipotecario pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El Ministerio de Economía supervisará todo el proceso de liquidación, incluyendo la posible venta de carteras de crédito con baja recaudación.
El pago de obligaciones pendientes seguirá el orden establecido en el contrato original de fideicomiso. Todos los bienes muebles e inmuebles del programa quedarán bajo administración ministerial, mientras que los reclamos judiciales serán atendidos por el área legal del Ministerio de Economía. Esta medida busca cerrar definitivamente un programa que, según las autoridades, demostró ser ineficiente y costoso para el Estado nacional.
