El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base de datos destinada a identificar a las personas que reciben prestaciones sociales o servicios del Estado.
La medida se estableció mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial, con el propósito de mejorar la transparencia y optimizar el control sobre los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.
El RIB funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y estará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente del Ministerio de Capital Humano.
La normativa indica que su objetivo central será unificar y organizar la información de todas las personas que reciben beneficios del Estado Nacional, con el fin de fortalecer la trazabilidad de los fondos públicos.
Hasta el momento, la dispersión de datos entre distintos organismos complicaba la detección de beneficios duplicados o posibles vacíos en la cobertura social.
En ese marco, el texto oficial remarcó que el RIB permitirá reforzar la transparencia, mejorar la coordinación entre instituciones y optimizar el seguimiento de la cobertura, la complementariedad y las posibles superposiciones, además de favorecer una gestión más eficiente de la inversión social.
Asimismo, se destacó que la centralización de datos asegura que los registros consolidados se basen en información oficial aportada por los organismos competentes, lo que permite evitar duplicaciones y garantizar la integridad, coherencia y trazabilidad de los datos.
A partir de la infraestructura del SIIS, el sistema habilitará la interoperabilidad de datos, permitiendo que distintas áreas del Estado puedan cruzar información de forma rápida y segura.
En relación con la privacidad de los ciudadanos, la normativa establece que el uso de la información se ajustará estrictamente a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de aplicar las medidas necesarias de seguridad y confidencialidad para resguardar a los titulares de los datos.
Además, en su rol como autoridad del SIIS, tendrá la responsabilidad de la custodia, el monitoreo y la elaboración de estadísticas oficiales derivadas del nuevo registro.
La puesta en marcha del RIB no implicará un gasto adicional fuera del presupuesto ya asignado al Consejo, y comenzará a funcionar de inmediato para avanzar con la integración y unificación de las bases de datos existentes.
