Un alto funcionario del círculo cercano al presidente Javier Milei expresó su descontento sobre las medidas de fuerza, afirmando que los trabajadores “están cavando su propia tumba”. Esto ocurrió durante el segundo día de protestas de los empleados de Intercargo, situación que generó importantes trastornos en diversos aeropuertos nacionales.
En medio de las interrupciones y suspensiones de vuelos que afectaron a numerosos pasajeros durante la semana anterior, el Gobierno consideró seriamente dos alternativas para Aerolíneas Argentinas: su privatización o cierre definitivo.
La respuesta oficial llegó de manera anticipada cuando Manuel Adorni, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Franco Mogetta comunicaron la apertura del servicio de rampas aeroportuarias a la competencia privada.
Esta actividad, anteriormente monopolizada por Intercargo en terminales como Aeroparque y Ezeiza, ahora permite el ingreso de otras empresas como consecuencia de las reiteradas protestas laborales.
Tras la reunión del Gabinete, Milei reafirmó enérgicamente la postura gubernamental: “En Argentina se progresa trabajando, no con paros y extorsiones. Intercargo llegará a su fin“.
Bullrich anunció que la PSA recibió autorización para operar temporalmente los servicios de rampa durante situaciones extraordinarias, garantizando así la continuidad del transporte aéreo.
Adorni enfatizó que esta medida impide que “terroristas sindicales” tomen como rehenes a los pasajeros, marcando el fin del modelo actual de Intercargo.
Respecto a Aerolíneas Argentinas, las autoridades exigieron a los sindicatos presentar un plan operativo sin conflictos, advirtiendo que su incumplimiento activaría un Plan Preventivo de Crisis que podría resultar en el cierre de la empresa.
Las negociaciones del viernes, que involucraron a APLA, AAA y APA, concluyeron en una pausa temporal hasta el lunes siguiente.
Existe una propuesta legislativa para privatizar la aerolínea, impulsada por el diputado Hernán Lombardi, que cuenta con dictamen pero carece de apoyo suficiente para su aprobación.
El oficialismo concentra sus esfuerzos en evitar modificaciones a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, además de la discusión presupuestaria.
La oposición convocó una sesión extraordinaria para el 12 de noviembre, donde también se debatirá el Decreto 846/2024 sobre reestructuración de deuda extranjera.
Martín Menem, presidente de Diputados, busca dividir el voto de los bloques para impedir que se alcance el quórum necesario.
Desde La Libertad Avanza señalan que varios gobernadores rechazan la modificación del DNU sobre deuda, dado que benefició también a las provincias necesitadas de financiamiento.
El Gobierno mantiene su postura sobre el Presupuesto y evita convocar a sesiones extraordinarias para debates adicionales.
Una fuente oficial advirtió que el Presupuesto debe aprobarse en noviembre sin modificaciones, o quedarán sin presupuesto.
La privatización de Aerolíneas Argentinas probablemente se postergue hasta 2025, pese a la presión del PRO.
Sectores del Ejecutivo contemplan el cierre definitivo mediante el Plan Preventivo de Crisis si la privatización no avanza, aunque esta decisión no fue comunicada oficialmente al PRO, su principal aliado parlamentario.
