La Cámara de Diputados tratará en comisión el próximo miércoles un proyecto que busca reducir la edad de imputabilidad a 14 años, con el objetivo de permitir que menores que cometan delitos graves puedan recibir condenas.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió que se avance con el proyecto que plantea bajar de 16 a 13 años la edad para imputar penalmente a un menor, aunque existe acuerdo para fijarla en 14 años, en línea con propuestas de sectores opositores y del PRO.
Francos explicó que el Gobierno envió esta propuesta al Congreso en junio del año pasado. En defensa de la iniciativa, aseguró: “Si alguien comete un delito como adulto, debe recibir una pena como adulto”, por eso se plantea bajar la imputabilidad a 13 años.
Luego de haber sido postergada por la sesión del criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado, convocó para este miércoles a las 17.30, junto a las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, encabezadas por Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA).
El oficialismo, junto con el PRO, la UCR y Encuentro Federal, busca acordar un dictamen conjunto, basado tanto en el proyecto del Ejecutivo como en otras iniciativas presentadas por legisladores de distintos partidos.
La reducción de la edad de imputabilidad también cuenta con el apoyo de legisladores del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa.
Desde el oficialismo se espera tener el dictamen firmado este miércoles, con la intención de llevar el tema al recinto durante la primera quincena de mayo, según informaron fuentes del Congreso a Noticias Argentinas.
Este proyecto ya fue debatido en siete reuniones el año pasado. En 2025, se retomó con dos encuentros, uno el 12 de marzo y otro el 19 de marzo, antes de la sesión en la que se discutió el acuerdo con el FMI.
Según fuentes legislativas, aunque el Gobierno insiste con establecer la edad en 13 años, el consenso actual apunta a fijarla en 14 años, como propone, entre otros, el diputado del massismo Ramiro Gutiérrez.
La iniciativa oficial aclara que los menores no podrán recibir penas de reclusión perpetua, y que el máximo será de 20 años de prisión, incluso si la gravedad del caso o la acumulación de delitos justificarían una condena mayor.
