El sistema previsional suma un nuevo capítulo. Con el comienzo de septiembre, la Casa Rosada oficializó una medida que vuelve a modificar el escenario para millones de beneficiarios de ANSES. Esta decisión se enmarca dentro de la política de asistencia que el Gobierno viene aplicando desde principios de 2024, en el contexto de una transición hacia un sistema de actualización de haberes vinculado con la inflación.
Siguiendo esa línea, el Gobierno de Javier Milei volvió a utilizar un mecanismo que ya había aplicado en meses anteriores: un refuerzo económico que se abona junto con las jubilaciones y pensiones. Esta medida, firmada por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, fue publicada en el Boletín Oficial como Decreto 613/2025.
De qué se trata el bono anunciado por el Gobierno
El decreto establece el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 durante el mes de septiembre, dirigido a jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la PUAM, pensiones no contributivas y madres con siete hijos o más. El pago será por cada titular, no sufrirá descuentos y no se tendrá en cuenta para otros beneficios sociales.
Quiénes recibirán el refuerzo
Los destinatarios del bono extraordinario son:
- Jubilados y pensionados alcanzados por la Ley 24.241 y por regímenes anteriores traspasados a la Nación.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Titulares de pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres con siete hijos o más.
- Personas que cobran pensiones graciables otorgadas por ANSES.
Cómo se define el monto del bono
El valor del refuerzo varía según el ingreso del beneficiario:
- Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000.
- Aquellos que superen la mínima recibirán un monto menor, hasta llegar al tope definido por el decreto, que es el haber mínimo más $70.000.
- En el caso de pensiones compartidas, se considera como un único beneficio.
Qué cambia respecto al mes anterior
Aunque la lógica del bono es similar a la implementada en agosto, el nuevo decreto tiene una justificación distinta. El Gobierno sostiene que la fórmula anterior de movilidad, establecida por la Ley 27.609, perjudicó el poder adquisitivo de los adultos mayores, y que este refuerzo busca compensar esa pérdida.
