La independencia judicial no se impone por decreto: se edifica paso a paso, en cada concurso abierto, en cada evaluación de antecedentes y en cada instancia pública donde la ciudadanía puede observar a quienes buscan administrar justicia. El Consejo de la Magistratura cumple justamente esa función: evitar que las designaciones dependan del azar o de decisiones discrecionales, garantizando que accedan los más idóneos en base a sus méritos.
Los abogados matriculados no ocupan un lugar secundario en ese proceso. Por el contrario, son protagonistas centrales. Su trabajo cotidiano en los tribunales les permite conocer de primera mano tanto las fortalezas como las debilidades del sistema, y evaluar con criterio técnico y ético a quienes aspiran a cargos judiciales. Su intervención en concursos, impugnaciones y debates públicos sobre la idoneidad no es un privilegio accesorio, sino una responsabilidad cívica fundamental.
Una judicatura de calidad no es una aspiración abstracta, sino el resultado tangible de procesos transparentes, exigentes y con actores comprometidos.
En ese escenario, el Colegio Público de Abogados trasciende ampliamente la función de habilitar el ejercicio profesional. Es la entidad que representa y articula la voz de quienes ejercen el derecho. Cuando participa en la selección de jueces —proponiendo postulantes, supervisando concursos o señalando irregularidades— no lo hace por intereses sectoriales, sino desde una convicción democrática: que el Poder Judicial debe estar integrado por profesionales capaces, íntegros e independientes.
Por ello, las elecciones dentro del Colegio de Abogados exceden el plano interno de la profesión. Constituyen, en un sentido amplio, un hecho político. La conducción que surja definirá en gran medida el perfil de la magistratura jujeña: si se priorizará la excelencia y la autonomía, o si prevalecerán acuerdos implícitos con el poder de turno. En un contexto provincial donde los equilibrios institucionales son frágiles, estos comicios adquieren una relevancia que trasciende el ámbito forense.
En este marco, el peronismo jujeño enfrenta una coyuntura singular. Con una base social significativa, pero atravesado por divisiones internas persistentes, tiene la posibilidad concreta de presentarse unificado en este proceso electoral. Lograr una lista de consenso no solo evidenciaría madurez política, sino también una decisión firme de disputar espacios institucionales donde se define, muchas veces de manera silenciosa, el verdadero poder en la provincia.
“Si el peronismo no logra dejar atrás sus divisiones en esta instancia, habrá desaprovechado una oportunidad clave para empezar a equilibrar la estructura de poder en Jujuy.”
La historia argentina ha demostrado en reiteradas ocasiones el costo de descuidar los mecanismos de selección judicial. Una magistratura que no promueve a los más capacitados termina siendo funcional a intereses contrarios al bien común. Por eso, fortalecer el Consejo de la Magistratura, asegurar concursos transparentes y sostener la participación activa del Colegio de Abogados no son cuestiones meramente técnicas, sino pilares de la vida democrática.
La calidad de la justicia comienza mucho antes de que un expediente llegue a manos de un juez. Empieza cuando la sociedad establece, con seriedad y compromiso, que solo quienes estén verdaderamente preparados podrán ocupar esos cargos. Y también cuando las fuerzas políticas comprenden que la disputa por las instituciones es tan determinante como la competencia electoral.
