Miembros de la Departamental de Cochinoca, pertenecientes al pueblo kolla, expresaron su preocupación por el avance del proyecto “Mina Kaia 31”, que operaría en territorios indígenas ya afectados por contaminación ambiental. Denuncian que la iniciativa avanza sin consulta previa, violando derechos ancestrales y amenazando los escasos recursos hídricos de la región.
El proyecto, actualmente en fase de exploración, cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que, según las comunidades, se difundió de manera informal y omite un análisis integral de la cuenca. Además, critican la exclusión de varias comunidades afectadas, pese a que el área abarca parte de Cochinoca y Yavi.
La diputada Natalia Morales (PTS-FIT) llevó el caso a la Legislatura provincial, denunciando la violación de derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados como el Acuerdo de Escazú. “No se garantiza la consulta previa ni el acceso a la información ambiental“, afirmó. Morales también cuestionó el rol de la Secretaría de Pueblos Indígenas, acusándola de avalar proyectos mineros mediante procesos irregulares y fragmentados.
El bloque del PTS-FIT anunció que presentará pedidos de informe y proyectos para suspender la actividad, destacando inconsistencias entre el EIA y las declaraciones del Secretario de Minería, José Gómez, quien negó la existencia de un proyecto registrado en la cuenca de Salinas Grandes. Morales recordó la lucha histórica de las comunidades contra el extractivismo, citando casos como la contaminación por plomo en Abra Pampa, y ratificó su apoyo a los reclamos indígenas.
