El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto que establece un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con la actualización del bono asistencial que pasaría de $70.000 a $110.000. Esta decisión legislativa se produce a pesar del veto anunciado por el Poder Ejecutivo, marcando un nuevo capítulo en el debate previsional.
La iniciativa, que ya contaba con aprobación en Diputados, busca compensar el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación. El aumento propuesto beneficiaría directamente a más de 7 millones de jubilados y pensionados en todo el territorio nacional, aunque su aplicación efectiva dependerá del desarrollo del conflicto institucional entre las cámaras legislativas y el gobierno nacional.
Nuevos montos jubilatorios: ¿Cuánto cobrarán los retirados con el aumento aprobado?
Los jubilados y pensionados actualmente reciben montos que varían según su categoría. El haber mínimo se ubica en $309.294,79, mientras que el máximo alcanza $2.081.261,17. Estas cifras incluyen los ajustes por IPC aplicados desde abril 2024 bajo la nueva fórmula de movilidad, que se actualiza con dos meses de desfase.
Para quienes perciben la jubilación mínima, el cobro total asciende a $379.294,79 al sumarse el bono asistencial de $70.000. Este esquema cambiaría radicalmente con la implementación del proyecto recién aprobado.
Con la ley recién sancionada, los montos experimentarían un incremento significativo. La jubilación mínima con el bono ampliado a $110.000 llegaría a $441.564, representando una suba total del 16,4%. En el caso de los haberes máximos, el nuevo valor sería de $2.231.111, manteniéndose sin el beneficio del bono adicional.
Detalle completo del impacto del aumento jubilatorio del 7.2%
Nuevos valores para jubilaciones y pensiones
El reciente aumento del 7.2% más la actualización del bono a $110.000 modificará significativamente los montos que reciben los jubilados y pensionados. Tomando como referencia los valores actuales de julio 2025, los nuevos importes quedarían configurados de la siguiente forma:
Para el haber mínimo, que actualmente es de $309.295, pasaría a $331.564 con el aumento porcentual. Al sumar el nuevo bono de $110.000, el total ascendería a $441.564. Los beneficiarios de la PUAM verían su ingreso incrementado de $247.438 a $375.274 considerando ambas mejoras.
En el caso de las jubilaciones máximas, el monto actual de $2.081.261 se ajustaría a $2.231.111 con el incremento del 7.2%, pero no recibirían el bono adicional por tratarse de haberes superiores.
Aprobación legislativa y cambios estructurales
El proyecto recibió 52 votos afirmativos, sin votos negativos, aunque con 4 abstenciones y 2 ausentes. La medida incluye dos componentes fundamentales: un ajuste extraordinario del 7.2% para compensar la inflación de enero 2024, y la reactivación del bono asistencial, que pasará de $70.000 a $110.000 con actualización mensual por IPC.
Adicionalmente, la ley institucionaliza el sistema de movilidad basado en el IPC, que hasta ahora se aplicaba mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), dándole mayor estabilidad y predictibilidad al sistema previsional. Este cambio representa una garantía adicional para los beneficiarios, asegurando que los ajustes se mantengan alineados con la inflación.
Senado aprobó la reinstauración de la Moratoria Previsional
El Senado aprobó con 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención la reactivación de la moratoria previsional, que había finalizado en marzo de este año. La medida extenderá por dos años más este beneficio que permite a trabajadores sin aportes completos acceder a una jubilación mediante planes de pago especiales.
Gobierno anuncia veto al aumento jubilatorio
Mientras tanto, el Ejecutivo confirmó que vetará la ley de aumento jubilatorio, basándose en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta norma exige que cualquier gasto no presupuestado debe especificar claramente su fuente de financiamiento.
Aunque Argentina no cuenta actualmente con una ley de presupuesto vigente, el Gobierno utiliza este argumento legal para rechazar iniciativas con impacto fiscal. Desde la Casa Rosada advirtieron que, si el Congreso logra revertir el veto, llevarán el caso a la Justicia para resolver el conflicto institucional.
