La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, modificó los montos a partir de los cuales se exige justificación para transacciones bancarias y digitales.
Estas actualizaciones, que entran en vigor en junio de 2025, forman parte del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, cuyo objetivo es flexibilizar el sistema financiero e incentivar la formalización de ahorros.
Nuevos límites para transferencias y operaciones
ARCA supervisará transferencias electrónicas, extracciones de efectivo y movimientos en billeteras virtuales, pero con límites significativamente más altos. Las entidades financieras deberán reportar únicamente aquellas operaciones que superen estos nuevos valores:
- Transferencias o acreditaciones:
- $50.000.000 para personas físicas (antes $2.000.000)
- $30.000.000 para personas jurídicas
- Extracciones en efectivo:
- $10.000.000 para ambos tipos de contribuyentes (antes se informaba desde $1)
- Saldos bancarios al cierre de mes:
- $50.000.000 para personas físicas (antes $1.000.000)
- $30.000.000 para jurídicas
- Plazos fijos:
- $100.000.000 para personas físicas (antes $1.000.000)
- $30.000.000 para jurídicas
- Billeteras virtuales:
- $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas)
- Inversiones en bolsa:
- $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas)
- Compras de consumidor final:
- $10.000.000 para ambos (antes $250.000 en efectivo y $400.000 con otros medios)
- Pagos:
- $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas)
Estos cambios buscan reducir la burocracia en operaciones cotidianas, al tiempo que promueven la bancarización. Las modificaciones permitirán a los usuarios realizar transacciones más grandes sin requerimientos adicionales, aunque ARCA mantendrá facultades para investigar casos sospechosos de evasión o lavado de dinero.
Consecuencias de superar los límites sin justificar fondos
Al exceder los montos permitidos por las regulaciones financieras, el sistema ARCA podría activar alertas, lo que derivaría en una investigación fiscal más profunda. Tanto las entidades bancarias como las plataformas de pagos digitales tienen la obligación de informar operaciones inusuales a la Unidad de Información Financiera (UIF). Si no se puede demostrar el origen legítimo del dinero, las posibles sanciones incluyen:
- Cancelación de transferencias
- Retención de saldos disponibles
- Suspensión de cuentas bancarias
- Requerimiento formal para explicar los fondos
Documentación válida para acreditar ingresos
Cuando ARCA o un banco soliciten justificativos, será necesario presentar comprobantes que validen la procedencia del dinero. Entre los documentos aceptados se encuentran:
- Recibos de sueldo o facturas (para autónomos)
- Declaraciones impositivas con ingresos registrados
- Contratos de compraventa o cesión de bienes
- Historial bancario que muestre movimientos habituales
- Comprobantes de jubilación o pensión
- Certificados de ingresos firmados por contadores
- Boletas de operaciones comerciales
- Constancia de inscripción en el monotributo
Errores frecuentes que activan investigaciones de ARCA
Para evitar revisiones por parte del sistema ARCA, es crucial evitar prácticas riesgosas en las transacciones financieras. Algunos descuidos comunes que pueden generar alertas incluyen:
Operaciones que disparan alertas fiscales
Realizar transferencias que superen los límites establecidos sin presentar documentación que las respalde es uno de los principales motivos de investigación. El sistema puede cuestionar movimientos que excedan los montos permitidos, especialmente cuando no existen declaraciones previas que justifiquen esos fondos.
Otro error frecuente es no mantener registros claros del origen del dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales. Cada operación, incluso entre cuentas propias, debe contar con comprobantes válidos que expliquen su procedencia.
Ignorar los requerimientos de información de entidades financieras es igualmente peligroso. Si un banco o plataforma digital solicita detalles sobre una transacción y no se responde adecuadamente, pueden generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF, lo que derivaría en una investigación formal. Mantener toda la documentación organizada y responder con prontitud a estos pedidos es esencial para evitar problemas con las autoridades fiscales.
