El secretario de Justicia de Jujuy, Javier Gronda, detalló el funcionamiento actual del Registro de Deudores Alimentarios, herramienta clave para asegurar el pago de pensiones alimenticias, especialmente para niños y personas con discapacidad. Reveló que entre 150 y 170 personas figuran en el listado, lo que les impide postularse a cargos públicos, realizar trámites estatales y, próximamente, podría vedarles el acceso a espectáculos masivos.
Gronda anunció que avanzan en una reforma legal para optimizar el sistema. “Presentamos un proyecto de ley que incluye nuevas prohibiciones, como impedirles asistir a recitales o eventos deportivos“, explicó en entrevista con Despertar 630. Subrayó que la inscripción solo procede con orden judicial, tras comprobar el incumplimiento alimentario y la falta de bienes embargables. “No es un trámite administrativo; requiere un proceso formal“, aclaró.
El registro, creado en 2001 pero implementado en 2017, se actualiza periódicamente. “Los registros caducan a los cinco años; no son permanentes. Constantemente ingresan nuevos casos y otros se dan de baja”, precisó. Entre las novedades legislativas, se busca limitar actividades recreativas a los deudores. “La difusión pública es clave para presionar el cumplimiento. Antes se les vetaba trabajar para el Estado, pero eso a veces perjudicaba a los hijos al reducir ingresos embargables. Ahora apuntamos a sanciones más efectivas“, sostuvo.
El mecanismo también afecta trámites esenciales: desde licencias de conducir hasta transacciones inmobiliarias. “Los escribanos deben verificar que el interesado no esté en el registro antes de formalizar operaciones”, destacó Gronda, reconociendo la colaboración del Colegio de Escribanos.
Sobre las elecciones, el funcionario fue enfático: “Ningún deudor alimentario puede ser candidato“, y recordó que el Tribunal Electoral cruza datos para fiscalizar este requisito.
Por último, abordó denuncias por retrasos en depósitos de cuotas descontadas vía nómina: “Los empleadores suelen cumplir las órdenes judiciales. Puede haber demoras bancarias, pero son excepcionales. Hay conciencia sobre la obligatoriedad de estos descuentos”, concluyó.
